Nuestra posición frente a los anuncios de Evo Morales de nacionalización de los ferrocarriles en Bolivia

Causa Ferroviaria propone la nacionalización de los ferrocarriles bajo control obrero, en la perspectiva de una gestión obrera integral de los transportes y de la economía. Las concesiones perpetradas por el menemismo y sostenidas por todos los gobiernos posteriores, incluido el actual de Cristina Kirchner, desarticularon la red y permitieron el desguace y saqueo del material rodante y de los talleres.
Sin embargo, no consideramos a la "cuestión ferroviaria" ajena a las perspectivas generales del país. La nacionalización sólo es progresiva como parte de un proceso de emancipación nacional y social, es decir de ruptura con el saqueo nacional y subordinación a la condición de país proveedor de materia prima que la división del trabajo impuesta por el imperialismo mundial le asignó a nuestra nación atrasada.
No consideramos progresivos la reestatización del Correo Argentino, de Aguas Argentinas o de los fondos previsionales cuando asistimos a una "transa" entre oficialismo y oposición parlamentaria por ver cómo éstos y otros recursos nacionales son destinados a la sangría del pago de una deuda externa que concela toda posibilidad de un desarrollo nacional.

Con la misma lupa, analizamos la nacionalización de los ferrocarriles anunciada por Evo en Bolivia. El anuncio, que todavía es sólo eso, apunta a facilitar la exportación minera en manos de empresas extranjeras.
A partir del anuncio, Jindal, la empresa India encargada de la explotación de minas de hierro en Mutún, anunció que invertirá los 2100 millones de dólares.
Los japoneses destacaron su interés en el litio de alta calidad del Salar de Uyuni, unas 2.000 millones de toneladas, cuyo precio ahora es de 550 dólares. Una filial de Toyota Argentina se asociará con la compañía minera Australiana Orocobre para desarrollar una mina para la extracción del litio con una inversión de entre 100 y 200 millones de dólares. Pero esto es el primer paso. El mineral escaseará en unos 10 años y se instalarán en Chile y Bolivia (diario El Deber, 24 de enero). Los japoneses se adelantaron a sus competidores de Francia, Alemania y Corea.
Como si fuera poco, en el Salar de Uyuni se ha descubierto la existencia de Potasio, cuya cotización es 20 veces mayor que la del litio, con un costo de producción menor y la obtención más rápida, y que demandan Argentina, Brasil, Venezuela y Perú como fertilizante para la soja.

Al sector petrolero privado, Evo le modificará la ley para que las empresas puedan explotar legalmente las tierras de las comunidades aborígenes, con la manifiesta oposición de éstas frente a la contaminación que provocan.
Mientras tanto, los empresarios privados y productores agropecuarios auguran la continuidad de la "agenda" con los ministerios, para que "se mantenga el nivel de coordinación" y recomiendan "el diálogo y la concertación" (Gabriel Dabdoub, Presidente de la Confederación de Empresas Privadas de Bolivia, CEPB) y que "el gobierno del MAS garantice la seguridad jurídica para todos los sectores" (Demetrio Pérez, Presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, El Deber, Ídem).
No vemos la perspectiva de un Estado soberano ni el interés que los trabajadores tendrían en apoyar esta voracidad por los recursos naturales de la Bolivia postergada. Evo quiere construir una fiscalidad a partir de las actividades extractivas, o sea un Estado rentista -como siempre fue Bolivia desde los tiempos de Potosí.